Desde hace algunas semanas, la Cadena COPE padece uno de los episodios de persecución por parte del poder político más duros que se recuerdan en la historia de la democracia española desde el famoso “antenicidio” que supuso la eliminación de facto de un grupo de comunicación (Antena 3 Radio).
Evidentemente, la historia a la que nos enfrentamos no es nueva, y me atrevería a decir que se remonta al origen histórico de la prensa. Desde siempre, el poder político ha pretendido “controlar” la transmisión de la información sabedor de que a través de este proceso se eliminaba en gran medida el espíritu crítico de la ciudadanía. No obstante, si de algo nos ha servido en los países occidentales el proceso de consolidación de nuestras democracias (que ha dado lugar a un modelo de Estado que los constitucionalistas han acuñado como social y democrático de Derecho), es para confirmar que el Estado en el ejercicio de su actuación debe estar sometido a límites claros, constituyendo el núcleo básico de desenvolvimiento de los ciudadanos el integrado por los derechos fundamentales expresamente proclamados en nuestras Constituciones.
Y subrayo esta perspectiva histórica porque parece que determinados dirigentes (por desgracia, la gran mayoría de los que ocupan cargos de responsabilidad) del Partido Socialista Obrero Español, al que pertenezco, han olvidado por completo el significado de conceptos como libertad de expresión o de prensa.
Ello se ha traducido en una verdadera “cruzada” contra la Cadena COPE en la que cada ataque resulta de mayor intensidad, y que demuestra muy a las claras el verdadero “talante” de muchos de los miembros del Ejecutivo, así como de otros grupos que constituyen su principal apoyo, destacando especialmente en esta función Esquerra Republicana.
Al burdo intento del Gobierno catalán de silenciar a la COPE por medio de la negación sistemática de licencias –actuación ya de por sí suficientemente grave para ser objeto de denuncia tanto a nivel judicial como en los diferentes foros internacionales, empezando por los europeos–, han seguido comportamientos del más puro estilo mafioso contra dicha cadena y los profesionales que integran el mencionado medio, con la intención clara de acabar con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
En el marco de esta campaña de descrédito (aunque en mi opinión, por venir de quienes viene, dichas actuaciones aún prestigian más a la COPE y a sus trabajadores) se han significado especialmente personajes como Montilla, Durán i Lleida, o distintos cargos públicos de Esquerra Republicana de Cataluña. Ello deja bien a las claras el acuerdo tácito existente entre miembros de distintas formaciones políticas con el objeto de acabar con todo aquello que suponga la defensa de la unidad de España, y que simbolice el culto a un verdadero espíritu liberal. En el marco de este proceso las recientes actuaciones de integrantes de las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, alentadas por dirigentes de dicha formación (lo que deja bien a las claras en manos de qué clase de personajes se encuentran Cataluña y España, tras sucumbir Rodríguez Zapatero a los cantos de cisne de Carod Rovira), no son más que la expresión del odio con el que actúan estos “pseudoprogresistas” y en todo caso, evidencia el carácter “fascistoide” de quien alienta y secunda dichos comportamientos.
Personalmente considero que ni siquiera el momento en el que se ha llevado a cabo esta verdadera campaña orquestada (y pluripartidista) contra la COPE ha sido dejado al azar. Es precisamente ahora, al quedar prácticamente agotado el crédito político del señor Rodríguez Zapatero como consecuencia de sus devaneos con el independentismo catalán y de sus pretensiones negociadoras con los asesinos de ETA, cuando el lado más oscuro del aparato político del PSOE (junto con otros partidos como Esquerra Republicana que viven al amparo del chantaje político al que someten al Presidente del Gobierno) se destacan en sus feroces ataques a la COPE. Parece como, si en un fútil intento por evitar que los ciudadanos tomen conciencia del precipicio al que una gestión política errada ab initio puede conducir a España, determinados dirigentes del PSOE tratasen de ocultar la evidencia matando al mensajero.
Ante actitudes como las anteriores, todos los demócratas, con independencia de nuestra opción o filiación partidista, tenemos el deber de rebelarnos. Porque si hoy dejamos que sea la COPE la sacrificada, mañana existirá otro medio de comunicación “incómodo” para el poder político al que atacar impunemente. Y en el mundo actual, en el que los partidos políticos (todos sin excepción) han perdido gran parte de su legitimidad ante la ciudadanía, resulta imprescindible reconocer la importancia de los medios informativos como agentes de control de nuestras democracias. Es probablemente este último aspecto, el que explica la virulencia de los ataques contra la COPE al haberse convertido sus profesionales en referentes éticos a nivel popular siempre dispuestos a denunciar la desviación de poder. Ello los convierte en especialmente incómodos para el poder político. Por todo lo anterior, hoy más que nunca, defender la causa de la COPE es luchar por la libertad de expresión, dignificando con ello nuestra democracia. Hoy todos somos la COPE.
